Ley 7/2021, de 20 de mayo
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Obligatoriedad de las empresas
La Ley de Cambio Climático obliga a las empresas a calcular su huella de carbono
Tras la publicación de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, el cálculo y la reducción de la huella de carbono de las empresas pasó de ser voluntaria a obligatoria. Las empresas deberán calcular y publicar informes sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Qué empresas estarán obligadas a calcular y reducir su huella de carbono?
La Ley establece que en el plazo de un año desde su publicación, el Gobierno señalará la tipología de empresas que estarán obligadas a calcular y publicar su huella de carbono, así como elaborar un plan de reducción de emisiones.
¿Qué medidas se van a tomar?
Alcanzar la neutralidad climática
La neutralidad climática consiste en emitir una cantidad de gases de efecto invernadero limitada; que pueda ser absorbida por los sumideros naturales, como océanos y bosques.
Para responder a la amenaza del cambio climático en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos internacionales establecidos en el Acuerdo de París, la ley establece una serie de medidas para ayudar a España a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
Las actuaciones y el desarrollo de la ley se rigen en base a las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, el derecho nacional, internacional y de la Unión Europea en materia de clima energía, así como la normativa de la Unión Europea, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), el Acuerdo de París (2015) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Medidas a adoptar
Empresas y riesgos financieros
Entidades financieras, aseguradoras y grandes empresas
Deberán elaborar, anualmente, informes de los riesgos de su actividad en materia de economía sostenible y las medidas adoptadas para hacerlos frente.
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Deben presentar, cada dos años, un informe conjunto de las metas del Acuerdo de París y de la Unión Europea alcanzadas en el sector financiero, así como la evaluación de los riesgos.
Asamblea ciudadana del cambio climático
Se impulsará la participación de la población para luchar contra el calentamiento y promover acciones para asegurar el cuidado del medio ambiente.
Grandes empresas
Deberán calcular la Huella de Carbono que generan sus actividades y elaborar planes, con objetivos establecidos para cinco años, con la finalidad de reducir la emisión de estos gases.
Compañía Logística de Hidrocarburos y operadores estatales del sistema eléctrico y gasista
Presentarán un informe de las metas alcanzadas y la evaluación de los riesgos.
Comité de expertos
Se establecerá un comité de expertos en cambio climático que evalúe las medidas, haga recomendaciones y elabore, anualmente, un informe que será debatido en el Congreso de los Diputados.
Reducción de emisiones
Movilidad y transporte
Asegurar, para el año 2030, la instalación de infraestructuras de recarga de coches eléctricos en edificios no destinados a uso residencial y con más de veinte plazas de aparcamiento y en las gasolineras.
Elaborar una ley para la financiación del transporte público y la movilidad sostenible y fijar objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte.
Establecer, para el año 2050, “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂”, a través de la prohibición de venta de vehículos no destinados a usos comerciales y turismos nuevos que emitan CO₂.
Introducir, para el año 2030, zonas de bajas emisiones en los municipios con una población superior a los 50.000 habitantes. Estas zonas deberán contar con un informe favorable de la Administración autonómica o central.
Medidas de impacto
Biodiversidad y adaptación al
cambio climático
Control y determinación de soluciones
Cada cinco años se adoptará un plan de adaptación al cambio climático que evalúe los impactos y los riesgos, así como la vulnerabilidad de todos los sectores socioeconómicos, los territorios y los sistemas naturales. Se aprobarán, además, cada cinco años, informes sobre el riesgo climático y medidas a tomar para reducirlo.
Se limitan las concesiones de dominio público marítimo para determinadas actividades y se adoptará un plan para conservar y restaurar los ecosistemas y especies sensibles a los efectos del cambio climático.
En la ordenación urbana y la planificación hidrológica, se tendrán en cuenta las huellas del cambio climático.
Ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular
Se prohíbe la comercialización de productos de plástico de un solo uso, como pajitas, platos y cubiertos, así como la limitación en el uso de tapas, tapones y recipientes alimentarios para el consumo inmediato.
Se crean dos impuestos: una tasa a los impuestos de plástico de un solo uso y otra al vertido en los vertederos y la incineración de residuos, con el objetivo de reducir la cantidad de basura no reciclada en España.
Recuperación del canon hidroeléctrico: las compañías eléctricas deberán pagar por la utilización de las aguas continentales (ríos, lagos, humedales reservas…) para la generación de electricidad.
Limitación de la energía no-renovable
Combustibles fósiles
Se prohíben nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos y no se prorrogarán los permisos de explotación ya vigentes más allá del año 2042. Se prohíbe la técnica del fracking y la minería radiactiva y de uranio.
Se asegurará que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.
Mejora de infraestructuras
Eficiencia energética y rehabilitación de edificios
Ley de Propiedad Horizontal
Facilita las instalaciones fotovoltaicas y de autoconsumo en las comunidades de propietarios. Esta ley simplifica la toma de decisiones para poder llevar a cabo las obras de renovación y favorece el acceso a la financiación. Además, ayuda en la implantación de fuentes de energía renovable para uso común, como paneles solares. Se refuerza la seguridad jurídica de las comunidades para facilitar la disposición a la línea de avales ICO, destinados a la rehabilitación energética de los edificios.
Ayudas para autoconsumo, baterías y climatización renovable
Se cuenta con un presupuesto de 1.320 millones de euros repartidos en seis programas de ayudas destinados 900 millones de euros para autoconsumo, 220 millones de euros para almacenamiento detrás del contador y 200 millones de euros para climatización y agua caliente renovables.
Sistemas de abastecimiento y saneamiento
Se impulsa el uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos para la generación de electricidad, así como las centrales hidroeléctricas reversibles.
Zonificación de áreas protegidas
Se llevarán a cabo zonificaciones de áreas protegidas en las que no se puedan instalar parques eólicos y solares, asegurando la conservación del patrimonio natural.
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Te asesoraremos sin compromiso sobre las soluciones disponibles para calcular, reducir, compensar y certificar la huella de carbono de tu organización.
